El proceso de elección de magistrados del Tribunal Constitucional del Perú entra en una recta crucial con la aprobación de un nuevo Reglamento por parte de la Comisión Especial, y posteriormente, por el Pleno del Congreso. Elegir a los mejores para ocupar la alta magistratura es una responsabilidad enorme, pues el Congreso debe demostrar que es capaz de trascender los intereses políticos de la coyuntura, para lograr un Tribunal académicamente robusto, equilibrado en sus posturas (ni muy conservador, ni muy progresista), independiente, impermeable a influencias de grupos de poder, y que, dado el caso, tenga la fortaleza suficiente para defender la estabilidad democrática. Otros países han enfrentado desafíos similares. Aquí comparto las que considero las principales lecciones de América Latina para la elección de magistrados y magistradas de nuestro país.
Guatemala: el eslabón que sostiene el Estado de Derecho
En un país cuyo sistema de justicia ha sido infiltrado por una corrupción casi endémica, al punto de haber solicitado el auxilio de Naciones Unidas para combatirla con la instalación de un mecanismo internacional contra la impunidad, Guatemala ha aprendido que las estructuras corruptas se camuflan y se mueven entre la legalidad y la ilegalidad, entre lo público y lo privado, y que una de sus necesidades básicas para operar impunemente, es controlar las altas cortes. En 2014, redes de corrupción lograron influir en la elección de su Corte Suprema y Cortes de Apelaciones, lo que dio origen a una investigación criminal conocida como “Comisiones Paralelas”.
En ese contexto de crisis institucionales intermitentes, la Corte de Constitucionalidad de Guatemala es uno de los pocos órganos que no ha podido ser cooptado, y gracias a ello, ha emitido valientemente sentencias que han enfrentado al poder y han sostenido la estabilidad democrática, que en muchas ocasiones pendía de un hilo. Por ejemplo, ha detenido solicitudes de antejuicio espurias promovidas para separar del cargo a los jueces independientes que tenían a su cargo los grandes casos de corrupción (que involucran a la elite política y empresarial del país). Suspendió la orden del Presidente de expulsar al representante de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), y recientemente ha ordenado al Congreso que se abstenga de nombrar como jueces supremos y de apelaciones, a personas involucradas o investigadas por graves casos de corrupción.
Bolivia: controlar un Tribunal Constitucional puede poner en peligro la alternancia en el poder
En Bolivia, el Tribunal Constitucional Plurinacional es elegido por voto popular directo, pero de un listado previamente depurado por la Asamblea Plurinacional, controlada durante muchos años por una mayoría parlamentaria del Movimiento al Socialismo (MAS), el partido político del ex Presidente Evo Morales.
En 2016, Morales sometió a referéndum la posibilidad de reelegirse por tercera vez, para completar su cuarto mandato y un total de 18 años en el poder. Pero esta posibilidad fue rechazada mayoritariamente por la ciudadanía. Ante ello, presentó una demanda de inconstitucionalidad contra el artículo constitucional que limitaba la posibilidad de reelegirse a una sola vez consecutiva, alegando que se afectaban sus derechos políticos. El Tribunal Constitucional Plurinacional emitió una sentencia que lo habilitó para postularse, estableciendo que cualquier restricción a esta posibilidad vulneraba “su derecho humano a la reelección indefinida”. Evo Morales se postuló por cuarta vez. El resto es historia conocida.
El Salvador: los vínculos político-partidarios son incompatibles con la función de juzgar
En El Salvador, el órgano encargado del control de constitucionalidad es una Sala de la Corte Suprema de Justicia: la Sala de lo Constitucional, cuyos integrantes son designados por la Asamblea Legislativa para un periodo de 9 años. Desde el año 2009 ha producido una impresionante jurisprudencia constitucional sobre los parámetros que deben cumplirse en la elección de altos funcionarios del sistema de justicia y entre otras cosas, ha establecido que el órgano legislativo (i) está obligado a tener un procedimiento adecuado, transparente, y riguroso en la verificación de los requisitos constitucionales, (ii) que dicha verificación no puede ser subjetiva, sino que debe estar documentada, y justificada respecto de cada una de las personas electas .
En un país en que la mayoría de altos funcionarios estatales son electos por el poder legislativo, la Sala ha sido especialmente vigilante de que las personas designadas no tengan una vinculación político-partidaria, por considerarla incompatible por la independencia judicial. Entiende esta vinculación como “toda situación de dependencia o subordinación con un partido político, así como la realización de conductas que demuestren objetivamente una identificación de compromiso militante o la defensa activa de un proyecto partidario -más allá de una mera afinidad o simpatía ideológica–, que sea capaz de fundar una duda razonable sobre la imparcialidad de una persona”.
La Sala ha considerado que es deber de la Asamblea comprobar debidamente la inexistencia de esos vínculos, y con ese fundamento, declaró inconstitucional, entre otros, los nombramientos varios magistrados de la Corte Suprema, del Fiscal General, de la Corte de Cuentas, Tribunal Electoral, e incluso la designación del propio presidente del Poder Judicial.
Otro criterio que merece la pena resaltar, es la prohibición de que el poder legislativo tenga a su cargo más de un proceso de selección consecutivo. De esa manera, se preserva la renovación escalonada de los tribunales, y se impide que cualquier mayoría política tome control de la mayoría del tribunal.
México: el contrapeso de una corte fuerte
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) es quizás una de las cortes más robustas de América Latina, y cumple funciones de tribunal constitucional. Quienes la integran se mantienen en el cargo por 15 años, y la renovación se produce uno a uno, en la medida en que van venciendo sus mandatos. Esto ha dificultado históricamente que el Ejecutivo Federal, quien debe nominar “ternas” al Senado para que elija a los reemplazos, pueda tomar control total de una Corte, y ha favorecido que los cambios en la línea jurisprudencial no sean radicales sino progresivos.
La designación de ministros/as por el Senado no ha estado exenta de críticas, especialmente desde que el presidente López Obrador (AMLO) llegó al poder, pues teniendo mayoría en el Senado a través de su movimiento político (Morena), no le ha sido difícil colocar en la SCJN a personas cercanas a su círculo político. Pero pese a ello, la Corte ha logrado parar los intentos del mandatario de crear una guardia civil militarizada para hacerse cargo de la seguridad interna, de aplicar recortes significativos al presupuesto del Poder Judicial, o de imponerle una reforma judicial desde fuera. Actualmente, la Corte está revisando la constitucionalidad de una iniciativa de referéndum impulsada por López para decidir si se debe o no enjuiciar a los últimos cinco ex presidentes. La ponencia disponible señala que “se trata de concierto de inconstitucionalidades”
Venezuela: un brazo judicial para consolidar el poder de élites corruptas
El caso venezolano es el caso más extremo y dramático, pero quizás el más aleccionador. En este país, desde 2004, el poder político implementó una estrategia para debilitar al máximo órgano de justicia: el Tribunal Supremo de Justicia. A través de una ley aprobada por mayoría simple, la Asamblea Legislativa, controlada por la mayoría chavista, modificó su composición, aumentando el número de magistrados de 20 a 32, bajo la excusa de “aliviar la sobrecarga de trabajo”. También se modificó la forma de nombramiento: de ahora en adelante, se necesitaría una mayoría simple, y ya no una mayoría calificada. Los procedimientos para remover a los magistrados de sus cargos también se modificaron, para hacer más fácil la “depuración” de magistrados y magistradas independientes.
Desde entonces, con nuevos integrantes elegidos políticamente, el Tribunal Supremo de Justicia se ha convertido en una instancia política más, con facultades exorbitantes e incontrolables. Este Tribunal ha desconocido actos y anulado leyes dictadas por la nueva Asamblea, cuando la oposición logró tener representación mayoritaria en el legislativo. Excediendo facultades propiamente judiciales, el Tribunal ha sido un brazo judicial operativo para perseguir la disidencia política y mantener el poder de las elites corruptas y antidemocráticas.
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Tenemos en la región experiencias de las que aprender. Muchas más podrían listarse. Lo que todas ellas demuestran, son los riesgos y peligros de controlar políticamente al máximo tribunal del país, incluso para las mayorías que se encuentran en el poder cuando se realizan los nombramientos. Por el contrario, cortes constitucionales independientes brindan estabilidad, y garantizan la protección de los derechos y libertades fundamentales de todos y todas, sin importar su orientación o filiación política. Sigamos el buen ejemplo.
(Ilustración: Getty Images/iStockphoto)
