El pasado 30 de setiembre, el Congreso de la República sometió a votación la candidatura de Gonzalo Ortiz de Zevallos para ocupar el cargo de magistrado del Tribunal Constitucional. Una hoja de vida de dos carillas es toda la evidencia pública que existe respecto de sus méritos y capacidades. No he encontrado explicación de por qué su candidatura fue la primera en ser votada. Pero tampoco he encontrado una valoración objetiva de si tiene los méritos y capacidades suficientes para desempeñarse como magistrado constitucional de manera competente, independiente e imparcial. No es algo menor. Porque una cosa es que los políticos sean competentes para nombrar magistrados. Y otra muy distinta, es que los nombramientos puedan hacerse por motivos políticos.
Preguntarse por los méritos de Ortiz de Zevallos, es preguntarse por qué fue propuesto como una persona adecuada para el cargo, pero también, por qué su candidatura, luego de ser revisada por la autoridad competente, fue considerada idónea, y se le colocó al inicio de la fila. Y finalmente, por supuesto, es preguntarse por las razones que justifican su elección. En estas líneas, quiero brindar algunas pautas objetivas para responder estas preguntas a partir de mi experiencia en el monitoreo de diversos procesos de selección de altas cortes en la región, y desde los principales elementos que suelen considerarse en el perfil de un magistrado constitucional en América Latina.
Conocimiento legal relevante
Para ser magistrado de una Corte Constitucional, evidentemente, hay que ser abogado. Pero eso no basta. Hay decenas de miles de abogados en el Perú. Se necesita un conocimiento legal especializado en Derecho Constitucional, que es precisamente la rama del derecho que un magistrado constitucional debe aplicar. Una rama compleja que exige justificación cualificada de cada una de sus decisiones. El tipo de asuntos que un Tribunal Constitucional debe resolver tienen gran impacto social, y es necesario que los/as magistrados/as no solo tengan una formación en esas materias, sino también la capacidad de aplicar criterios de interpretación y técnicas de ponderación. Además, es necesario el conocimiento sobre Derecho Internacional de los Derechos Humanos, pues el TC debe interpretar la Constitución en armonía con los tratados internacionales en materia de derechos humanos.
El conocimiento legal relevante se puede acreditar de diversas formas: con estudios de maestrías o doctorados en el tema; también con cátedra, investigación y producción jurídica (libros, artículos científicos, proyectos de investigación), o con experiencia profesional en el área (ejercicio de la magistratura, litigio estratégico).
Ortiz de Zevallos es abogado graduado en 1969. No exhibe estudios de maestría o doctorado, ni tampoco diplomados, cursos, o cualquier otro tipo de formación en Derecho Constitucional o Derechos Humanos. No ha ejercido la magistratura. Tampoco tiene publicaciones o investigaciones en temas constitucionales, de derechos humanos, o de temas afines. Su trayectoria profesional lo vincula a las materias financieras, bancarias y de inversiones.
Alta calidad moral
Este rasgo es definido de distintas maneras en las diversas legislaciones (integridad, moralidad notoria, reconocida honorabilidad, etc.) y hace referencia a la ausencia de señalamientos u objeciones éticas a la conducta del candidato/a, tanto en la esfera pública como en la privada. No existe una única forma de evaluar este rasgo, aunque sí ciertos consensos: no puede acreditarse exclusivamente con documentos, ni mucho menos con la declaración jurada del propio aspirante. Y muy importante: se requiere necesariamente de la participación de la sociedad civil, porque solo la ciudadanía (incluida la prensa) conocen y pueden presentar información relevante. Temas como la existencia de denuncias penales en trámite, violencia doméstica, denuncias de acoso o abuso sexual o laboral, incumplimiento en el pago de alimentos, nepotismo, declaraciones o conductas misóginas, xenófobas o discriminatorias son aspectos que en cualquier país afectarían este elemento del perfil.
El procedimiento realizado apresuradamente por el Congreso no tuvo un espacio para presentar denuncias ni objeciones éticas contra las candidaturas, incluida la de Ortiz de Zevallos, y por lo tanto, este rasgo no fue verificado con la diligencia adecuada. ¿Qué dicen de los candidatos o candidatas sus exempleados, excolegas de trabajo, expracticantes? ¿Alguien ha analizado sus entrevistas públicas, declaraciones, columnas periodísticas, tuits?
Independencia
El futuro/a magistrado/a no debe tener vínculos que puedan comprometer su independencia a la hora de decidir. Por ello, es importante conocer −y revelar− sus relaciones familiares, profesionales y comerciales, su pertenencia a grupos de interés, especialmente, si tiene vínculos político-partidarios no solamente formales (como militante, candidato, dirigente, personero) sino también materiales (abogado, aportante, asesor). Muchos países establecen restricciones y prohibiciones para evitar que personas cercanas a los partidos políticos se postulen a altos cargos judiciales, y de ese modo, dificultar la manipulación política de las cortes. En otros, como en Guatemala, se ha logrado comprobar la influencia del crimen organizado en las designaciones de la alta magistratura.
No existe evidencia de que se haya requerido a Ortiz de Zevallos −ni a ningún otro/a aspirante−, durante el proceso de selección, que revele sus vínculos y relaciones diversas, ni su hoja de vida contiene información al respecto. Sin embargo, Ortiz de Zevallos se ha desempeñado y se desempeña hasta la actualidad como árbitro de la Cámara de Comercio de Lima, una institución que tiene una exigente regulación acerca de la obligación de revelar posibles situaciones que puedan ocasionar conflictos de interés. ¿Como podría ignorar que debía declarar su relación familiar con el presidente del Congreso, o su relación con la firma Repsol, una empresa con casos pendientes ante el TC? ¿Tiene otros vínculos o relaciones con potenciales intereses en casos actualmente en trámite ante este órgano? ¿Y qué decir respecto de su relación, recientemente revelada por la prensa, con un grupo de inversionistas interesados en adquirir el conglomerado de medios del grupo El Comercio? ¿Podría de forma independiente emitir sentencias sobre libertad de expresión e información, luego de haber asesorado esos intereses?
Los vínculos y relaciones de los candidatos no los descalifican en abstracto, pero deben ser investigados en cada caso concreto, porque pueden poner en riesgo la independencia de la institución, y además porque afectan la confianza de la ciudadanía en ellas. ¿Conocía la Comisión Evaluadora esta información? ¿Hizo algún esfuerzo por obtenerla? ¿Tenían información suficiente los congresistas que votaron por él?
Trayectoria democrática y compromiso con los derechos humanos
Este elemento implica evaluar la trayectoria de vida de la persona para determinar si ella refleja un compromiso tangible y real con los valores democráticos. Algunos países prohíben la postulación de personas que hayan ocupado cargos públicos durante regímenes autoritarios. ¿Qué sucesos, acontecimientos, o reconocimientos puede exhibir un candidato para resaltar esos valores en su trayectoria? ¿Qué tipo de compromisos a lo largo de su vida ha asumido para mejorar la sociedad, invocando al interés público, o para defender los derechos o libertades de los demás? No hay aquí una receta, pero hay situaciones claramente incompatibles con este rasgo.
La hoja de vida de Ortiz de Zevallos tampoco exhibe ninguna información que muestre un compromiso activo con la democracia y la protección de los derechos. Es algo que la Comisión encargada debía indagar. Por lo pronto, su insistencia en ser incorporado al Tribunal Constitucional podría ser analizada desde la perspectiva del temperamento judicial: ¿es ese el comportamiento que esperaríamos de un juzgador? Aún no es tarde para valorarlo, ni preguntarse por los méritos de los candidatos/as, pues faltan impugnaciones por resolver.
Es innegable que la elección de magistrados de altas cortes tiene un impacto directo en la independencia de las instituciones en general, y por ello existen estándares internacionales que buscan garantizar designaciones meritocráticas, especialmente cuando la elección se encuentra en manos del poder político. La idoneidad de las candidaturas y nominaciones es un espejo ideal para conocer la existencia −o la falta− de herramientas para identificar y valorar el mérito. La experiencia reciente nos ha mostrado que aún queda mucho por mejorar.
